El fiscal Demetrio Bareiro, titular de la Unidad Especializada en hechos punibles contra el Medio Ambiente Nº 1 de Canindeyú, abrió un proceso penal contra un productor brasileño por transgresión de la Ley 716/96. El mismo está identificado como Celso Mioto (56), quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
El representante del Ministerio Público se basó en los artículos 4 (Inciso D) y 5 (Inciso E) de la citada Ley para presentar la imputación contra el ciudadano extranjero. Dichos artículos hablan sobre la penalización de aquellos que realizan obras hidráulicas, canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las aguas o destruyan, además de eludir medidas referentes a mitigación o ejecuten deficientemente las mismas.
Según la investigación, el 11 de octubre del 2021, la Fiscalía Especializada realizó un allanamiento a un inmueble perteneciente al encausado, ubicado en la colonia Yhovy, distrito de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú, y comprobó los supuestos ilícitos. El procedimiento se llevó a cabo mediante un mandamiento judicial firmado por la juez Alcira de Souza.
En la ocasión, la representación pública halló un sector con características de zona baja, con suelo arcilloso de color negro, donde existen canalizaciones de aproximadamente 1.000 metros de longitud y 2 metros de profundidad. Estas excavaciones presumiblemente fueron construidas para drenar el agua y ampliar la superficie de cultivo existente en el lugar, según la sospecha fiscal.
Las canalizaciones están conducidas hacia un cauce hídrico conectadas por cañerías, sin contar supuestamente con las documentaciones respaldatorias que autoricen y/o habiliten expresamente la realización de dichas actividades.
Al considerar estos elementos de sospecha, el fiscal Demetrio Bareiro resolvió la imputación del presunto implicado, Celso Mioto. Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantías la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y al mismo tiempo pidió cuatro meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.
12 AÑOS DE CÁRCEL
La fiscal Rocío Celeste González propició la condena de un hombre a 12 años de pena privativa de libertad por concurso de hechos punibles de Coacción Sexual y Violación y Violencia Familiar contra su expareja. Igualmente, el coautor del hecho fue sentenciado y 8 años de pena carcelaria. El juicio oral concluyó este lunes 8 de noviembre en el Poder Judicial de Ciudad del Este, tras sucesivas audiencias. El debate había comenzado el 27 de octubre.
La pena mayor fue aplicada a E.G.N.P., de 38 años de edad, cuyos datos completos se omiten para proteger a la víctima. Mientras que J.A.S.C., de 29 años, recibió la pena menor por Coacción Sexual y Violencia.
Durante el debate, la fiscal de la Unidad Especializada contra Violencia Familiar produjo numerosas pruebas testimoniales, documentales, técnicos periciales y médicas. De esa manera, demostró la responsabilidad penal de cada de uno de los acusados y consecuentemente el Tribunal de Sentencia dictó el fallo condenatorio.
ANTECEDENTES
Según antecedentes, los hechos se registraron el 2 de agosto de 2020, en un inmueble ubicado en el kilómetro 11 de la capital del Alto Paraná. En aquel entonces, en horas de la mañana, E.G.N. fue a buscar a su expareja (hacía una semana que estaban separados) y la llevó hasta su casa con el pretexto de que era cumpleaños de su madre.
Una vez en la vivienda, el hombre tomó de los brazos a la mujer y la introdujo a la fuerza en la habitación, donde ya se encontraba su amigo J.A.S. Tras cerrar la puerta bajo llave, la obligó a consumir bebidas alcohólicas y seguidamente le sacó a la fuerza su ropa. La afectada comenzó a gritar por lo que su expareja le tapó la boca.
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