El fiscal Víctor Adolfo Santander imputó a un brasileño que habría
perpetrado una estafa que supera los 860 mil dólares americanos en perjuicio de
un compatriota, al venderle una propiedad con una orden de remate, en el marco
de un juicio ejecutivo iniciado por una entidad bancaria.
El imputado es Valdir Soti Nogueira, de 53 años, enfrenta cargos por el supuesto hecho
punible contra el patrimonio (estafa), y se encuentra a disposición de la Justicia.
Según la investigación fiscal, el 1 de noviembre de 2019, el ahora imputado habría
concretado la venta del inmueble, situado en la Zona A, en la localidad de Aguapé,
distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná. La propiedad, con una extensión de 86
hectáreas, 2927 metros cuadrados y 9210 cm², fue adquirida por Nivaldo Ouriques
Kestring por un monto de 862.928 dólares.
Sin embargo, existía una restricción judicial para la venta de la propiedad debido a
una orden de remate dispuesta en el marco de la causa «Banco Continental S.A. c/
Valdir Soti Nogueira y otros s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo», que se
tramitaba en el Juzgado del 5to turno de Asunción, a cargo del magistrado Alfredo
Barrios Jara. El imputado, en el momento de la venta, tenía pleno conocimiento de
esta prohibición, refiere la imputación.
Además, el 6 de agosto de 2019, Soti Nogueira, a través de sus abogados,
presentó un incidente de nulidad de actuaciones con el objetivo de suspender el
remate judicial. Con este planteamiento demuestra su pleno conocimiento acerca
de la situación legal de la propiedad. A pesar de ello, procedió a la venta de la
misma, incurriendo en un engaño al ocultar la existencia de la prohibición.
El terreno adquirido por la víctima incluía, además de la tierra, diversas
instalaciones y cultivos, tales como plantación de soja, un pozo artesiano,
viviendas, un tinglado para maquinaria y un corral para vacunos. La adquisición,
por el monto total de 862.928 dólares, se formalizó mediante un contrato de
compra-venta.
No obstante, a pesar de haber cumplido con el pago acordado, Ouriques Kestring
se encontró con la imposibilidad de registrar la propiedad a su nombre, debido a la
existencia de la orden judicial. Además, tanto él como la empresa que había
arrendado el terreno se vieron envueltos en múltiples denuncias y demandas
civiles, con el fin de despojarlos de la finca.
En base a los elementos recolectados en la investigación, que incluyen la
denuncia presentada por Ouriques Kestring y su declaración testifical, así como el
contrato de compra-venta, el Ministerio Público cuenta con suficientes indicios
para sospechar la existencia del hecho punible y la participación del sindicado.
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